Ramos (ASG) insiste en reforzar la reserva de plazas para inserción social en las adjudicaciones públicas

9 noviembre, 2022

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera señala que la Ley de Economía Social aportará una información vital sobre el papel de las entidades y permitirá tener datos de sus obligaciones  

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha destacado la necesidad de que las administraciones públicas mantengan el acuerdo de reserva de plazas para inserción social de entre el 2% y el 4% en las adjudicaciones públicas, con el fin de fomentar un mayor carácter social en las inversiones productivas.

Así, el diputado recordó que en junio de este año se aprobó en la Cámara la Ley de Economía Social que impulsaba el Gobierno de Canarias, “un texto legal participado por las empresas de inserción social y los centros especiales de empleo, tanto antes y durante su tramitación parlamentaria, hasta el punto de que muchas de las propuestas de este colectivo se incluyeron en la norma y así conseguimos tener un marco jurídico mejor”. 

“En la Ley que hemos aprobado, en la disposición adicional primera, se ha establecido que la Consejería, el ISTAC y las administraciones competentes, previo informe de la Comisión de la Economía Social que también se configura en la norma, adoptarán las medidas necesarias para garantizar una información estadística de dichas entidades, periódicamente actualizada y ajustada al tipo de entidad, por lo que, sin duda, esta ley nos aportará una información vital sobre el papel de estas entidades y nos permitirá tener datos objetivos en el cumplimiento de las obligaciones que le son propias”, dijo. 

A juicio del diputado por la isla de La Gomera, esta medida “favorecerá al Gobierno en la creación de la futura Estrategia Canaria de Economía Social y le aportará seguridad al propio colectivo y a sus familias, que sabrán qué entidades les dan mayores garantías de inserción social”. 

Por último, remarcó que, entre otras cuestiones que recoge la norma, “dotará a estas entidades de un distintivo de responsabilidad social empresarial y sostenibilidad, tal como marca el propio texto jurídico”.