ASG apoya vincular la financiación regional a la accesibilidad de las instalaciones públicas
7 julio, 2016
La formación política se sumó a una PNL para garantizar a los niños discapacitados el uso y disfrute de los parques infantiles
Agrupación Socialista Gomera (ASG) apoya la necesidad de vincular la financiación regional a la accesibilidad de las instalaciones públicas y, especialmente, los parques y zonas de ocio infantil, en los que se centró una Proposición no de Ley (PNL), debatida en Comisión parlamentaria, la que se sumó la formación política.
“Si la financiación de los diversos proyectos se ajusta a la necesidad de que están instalaciones estén adaptadas para que asegurar el uso a personas con discapacidad, daremos un paso importante hacia el fin de las barreras, tanto arquitectónicas como sociales, avanzando hacia un modelo de sociedad que respete la diversidad que la compone”, declaró la diputada Melodie Mendoza.
La representante de ASG aseguró que la iniciativa ayuda a crear conciencia sobre la necesidad de que cualquier instalación puede y debe ser adaptada, y apuntó que si se establece la condición desde el inicio del proyecto no habrá que realizar reformas posteriores, que siempre son más costosas.
Melodie Mendoza señaló que muchos niños no pueden jugar en igualdad de condiciones e insistió en que la PNL es una forma de asegurar que todos los proyectos de ámbito municipal tengan en cuenta la diversidad de las personas.
“Creo que merece la pena el esfuerzo de fijar por ley la obligación de adaptabilidad e incluso se puede elevar la cuestión al ámbito estatal y europeo y, por supuesto, tratarlo con los Cabildos”, dijo para después referirse también a la conveniencia de implicar a la FECAM, para que traslade la medida, lo antes posible, a los 88 municipios de las islas.
No obstante, la representante de ASG matizó que siempre hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos canarios, especialmente las instituciones pequeñas, sufren problemas presupuestarios que les impiden afrontar el desarrollo de muchos proyectos y requieren, por tanto, aportaciones económicas de Cabildo y/o Gobierno.
“Hay que articular muy bien la medida, conjugando todos los intereses en juego, pero sobretodo poniendo encima de la mesa la obligación de garantizar el derecho de acceso y de uso de cualquier usuario, tengan o no alguna discapacidad”, concluyó.
