ASG, a favor de una ley “real y efectiva” que refuerce la protección del profesorado con seguridad jurídica y recursos
2 marzo, 2026
El portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera, Jesús Ramos, pide plazos concretos y respaldo jurídico y psicológico para el personal docente en la futura ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado
Advierte de que más de un 30% de interinidad “es demasiado” y llama a lograr un consenso en el texto final de la norma que tramita el Parlamento de Canarias
Lunes, 2 de marzo. El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, ha defendido este lunes, en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes del Parlamento de Canarias, la necesidad de que la proposición de ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado sea un texto “claro, conciso y efectivo”, con “seguridad jurídica” y acompañado de recursos económicos y materiales para garantizar su aplicación real.
Ramos intervino durante la comparecencia de representantes de ANPE Canarias, CCOO Canarias y UGT Canarias, convocados para exponer sus aportaciones al contenido de la proposición de ley promovida por los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y Mixto). El diputado valoró el diálogo con las organizaciones sindicales y subrayó que sus planteamientos “enriquecen y, sobre todo, aclaran y dan seguridad jurídica a esta ley”.
El portavoz adjunto de ASG remarcó que la norma busca “respaldar y proteger al profesorado” y advirtió de la importancia de definir adecuadamente el concepto de autoridad para evitar interpretaciones erróneas. “Hablábamos de autoridad… que no se tiene que confundir con autoritarismo”, señaló, apelando a construir un marco de respeto profesional compatible con la convivencia escolar.
Ramos contextualizó la necesidad de la ley en la pérdida progresiva del reconocimiento social a la figura docente. Recordó que, especialmente en las islas no capitalinas, el maestro fue históricamente un referente comunitario: “Antes… las figuras más relevantes eran el cura, el médico y el maestro… con el paso del tiempo se ha ido perdiendo de alguna forma”. A su juicio, hoy es necesario recuperar ese estatus, reforzándolo también desde el ámbito institucional: “Antes no hacía falta… ahora parece que ese concepto se ha perdido y necesitamos volverlo a retomar”.
En el plano operativo, insistió en que la futura norma debe ir más allá de la declaración de principios. “Tiene que ser una ley real que vaya respaldada de medios económicos y materiales, porque si no es así no va a funcionar”, afirmó. Además, reclamó concreción en la implantación: “Tenemos que ponernos los plazos, cómo se va a hacer, cómo se va a prestar y ponernos un límite para que sea real”.
Entre los asuntos que consideró prioritarios, Ramos destacó la protección jurídica y psicológica del profesorado y expresó su preocupación por las condiciones laborales y retributivas del personal docente. En este punto, puso el foco en la temporalidad: “Más de un 30% de interinidad es demasiado cuando Europa nos exige todo lo contrario”. Por ello, defendió que las medidas para reducirla deben quedar formuladas de manera “clara” dentro del marco de la ley.
Finalmente, el portavoz adjunto de ASG abrió la puerta a mejoras durante la tramitación parlamentaria, incluida la posibilidad de ajustar el propio título del texto, y llamó a alcanzar un amplio acuerdo: “La principal meta de este Parlamento [debe ser] sacar esa ley con consenso y sacar el mejor texto posible”.
