Un buen acuerdo para Canarias requiere una respuesta más específica para las Islas Verdes
5 abril, 2026
El reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y el Estado para activar medidas anticrisis frente al impacto de la guerra en Irán representa mucho más que una respuesta coyuntural. Es, sobre todo, un ejemplo claro de que cuando la voluntad política se sitúa por encima de los intereses partidistas, los resultados son positivos y tangibles para la ciudadanía.
En un contexto complejo, marcado por la incertidumbre internacional y sus efectos sobre los precios y el coste de la vida, ambas administraciones han sido capaces de anteponer el interés general, corregir desigualdades y ofrecer soluciones eficaces. Este entendimiento institucional ha permitido dar respuesta a una situación que inicialmente dejaba a Canarias en desventaja por su singularidad fiscal, especialmente en lo relativo a la aplicación de medidas estatales vinculadas al IVA y a los hidrocarburos.
La compensación económica acordada, que supera los 15 millones de euros en su primera fase, no solo restablece el principio de equidad territorial, sino que garantiza que las familias y los sectores productivos de Canarias puedan afrontar esta crisis en condiciones similares al resto del país. Este es el verdadero valor de la política útil: ofrecer respuestas concretas a problemas reales.
Además, este acuerdo pone de manifiesto la mano tendida del Gobierno de España hacia Canarias, entendiendo y atendiendo sus especificidades como región ultraperiférica. No se trata únicamente de aplicar medidas generales, sino de adaptarlas a nuestra realidad, reconociendo nuestras singularidades económicas, fiscales y territoriales. Ese enfoque es clave para avanzar en la cohesión y justicia territorial.
Por su parte, el paquete de medidas impulsado por el Ejecutivo autonómico —como la reducción del IGIC a los combustibles al 0%, la bonificación de hasta el 99% del impuesto sobre carburantes para sectores estratégicos o las ayudas directas al tejido productivo— refuerza esta línea de actuación. Son decisiones coherentes, necesarias y alineadas con el objetivo de proteger a las familias y a la economía canaria.
Sin embargo, reconocer el valor de este avance no implica renunciar a una ambición mayor. Para que Canarias disponga de un escudo económico verdaderamente autónomo y resiliente, el Estado debe ir un paso más allá en la gestión de los recursos. Es imperativo que se flexibilicen las reglas fiscales, permitiendo que los remanentes de tesorería puedan movilizarse sin trabas para paliar los efectos de la crisis. No tiene sentido mantener ahorros bloqueados mientras las familias sufren la inflación.
En esta misma línea, el Archipiélago necesita poder endeudarse de forma responsable sin ser penalizado, obteniendo un margen de maniobra que la actual normativa estatal restringe. Esta suficiencia financiera debe complementarse con nuevos mecanismos de liquidez y financiación específicos para nuestras empresas y autónomos, además de una rebaja decidida del IRPF que compense la alarmante pérdida de poder adquisitivo en las Islas. Solo con estas herramientas financieras el Gobierno de Canarias podrá diseñar una respuesta estructural y no solo asistencial.
Ahora bien, reconocer el valor del acuerdo no implica conformarse. La experiencia demuestra que las crisis globales no afectan por igual a todos los territorios, y dentro de Canarias existen realidades especialmente vulnerables que requieren una respuesta diferenciada.
Las Islas Verdes —La Gomera, El Hierro y La Palma— sufren con mayor intensidad el impacto del encarecimiento de los combustibles. En el caso de La Gomera, este incremento ha llegado a situarse hasta un 16% por encima desde el inicio de la crisis, trasladándose directamente al coste de la vida, a la actividad económica y al poder adquisitivo de las familias.
En estos territorios, el combustible no es un gasto accesorio, sino un elemento estructural que condiciona la movilidad, la logística y la competitividad. Por ello, avanzar en igualdad real exige ir más allá de las medidas generales y diseñar respuestas específicas que tengan en cuenta estas diferencias.
Esto implica reforzar las bonificaciones al combustible en las Islas Verdes, articular ayudas directas diferenciadas para sectores especialmente sensibles —como el transporte, el sector primario o el pequeño comercio— y, al mismo tiempo, impulsar medidas estructurales que reduzcan la dependencia energética y mejoren la resiliencia económica.
El acuerdo entre Canarias y el Estado es, sin duda, un primer paso en la buena dirección. Demuestra que el diálogo, la cooperación institucional y la voluntad política dan resultados. Pero también debe ser el punto de partida para seguir avanzando en soluciones más ajustadas a la diversidad de nuestro territorio.
Porque garantizar la igualdad no es aplicar las mismas medidas a todos, sino responder de forma justa a las distintas realidades. Y ese es el reto que debemos seguir abordando desde la responsabilidad y el compromiso con Canarias y con cada una de sus islas.
